Venezuela ordenó este jueves 15 de febrero la suspensión de las actividades de la oficina técnica del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas. El canciller venezolano, Yván Gil, acusa al organismo de utilizar los Derechos Humanos para «instrumentalizar» su trabajo contra el Gobierno.
Venezuela «solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas», dice un comunicado, leído este jueves 15 de febrero ante periodistas por el canciller, Yván Gil, al referirse a la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.
Gil anunció, de esta forma, el plazo de 72 horas a los funcionarios de esa entidad de la ONU para abandonar Venezuela, luego de acusarlos de instrumentalizar la carta de las Naciones Unidas para tomar acciones en contra del Gobierno venezolano.
El Gobierno también ordenó realizar una “revisión integral de los términos de cooperación”, así como la expulsión de 13 funcionarios de ese organismo.
Por su parte, una portavoz de la agencia de la ONU lamentó lo sucedido y aseguró que el equipo se encuentra analizando la situación, mientras evalúan los «pasos a seguir”.
La decisión de Venezuela se conoce un día después de que Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, denunciara que el Gobierno de Nicolás Maduro le prohibió visitar centros de detención, además de que supuestamente las autoridades le cambiaron la agenda en su visita al país.
La oficina del Alto Comisionado había publicado también un comunicado en el que expresaba su “preocupación” por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel.
A San Miguel le acusan de estar involucrada en una supuesta conspiración que tenía dentro de sus planes el asesinato de Nicolas Maduro, por lo que fue privada de la libertad hace casi una semana. Varias oenegés y partidos opositores denunciaron que la activista sufrió una desaparición forzada al inicio de su detención.
Mientras que Estados Unidos y la comunidad internacional han pedido en paralelo garantías para las elecciones generales, que están previstas para desarrollarse durante el segundo semestre de este año.
Redacción Voz Libre con información de france24.com
