El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en Durango, una mirada desde la evaluación
La evaluación de los programas y políticas públicas se afianza cada vez más, va tomando auge entre las instancias gubernamentales, la practica empieza a ser útil a los tomadores de decisiones sobre todo del Poder Ejecutivo. Me refuerza la idea de que la evaluación está destinada a convertirse en una herramienta eficaz a la hora de establecer posibles soluciones en forma de programas o incluso proponer mejoras pertinentes a los ya establecidos. Con todo esto, en el estado de Durango, el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas comprometió en el año 2023 dentro de su programa anual de evaluación, ejercicios evaluativos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente municipal (conocido como FAISMUN), para al menos seis municipios y recientemente hemos publicado los resultados de estas, teniendo varias condiciones favorables y algunas áreas posiblemente de mejora en cada municipio. Sin embargo, hay una condición que generaliza en todos estos municipios evaluados: todos reportan un subejercicio en los recursos provenientes del FAISMUN en diferentes montos como ejemplos solo mencionaré 3 municipios:
Guanaceví proyectó $17,479,154.00 dentro del presupuesto federal del fondo y solo recibió $12,235,405.00 adeudándose $5,243,745.00 correspondientes a tres ministraciones por parte del gobierno del estado.
Por su parte, Canelas es otro municipio al que se le proyectó, por parte de la federación, que habría de recibir según el presupuesto 2022, $16,133,218.00 y solo hay registro de $14,446,396.00 desconociéndose hasta la fecha, el destino del resto del presupuesto.
Otro ejemplo claro es el municipio de Santiago Papasquiaro del cual se realizó evaluación al FAISMUN 2022 reportando una asignación del presupuesto de $57,691,050.00 sin embargo solo recibió $40,383,715.00, dejando de percibir $17,307,315.00.
La evaluación al fondo de infraestructura social trata de distinguir si las obras correspondientes a agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, infraestructura básica del sector educativo, salud, mejoramiento de vivienda, urbanización, entre otros logra contribuir a la disminución de los indicadores de pobreza en los municipios.
El presupuesto de egresos de la Federación establece una fórmula para la asignación de estos recursos que establece el artículo 34 de la ley de coordinación fiscal, los municipios utilizan estos recursos para atender las principales necesidades de infraestructura en sus territorios y la población beneficiaria se organiza a través de comités de participación social desde donde decide la integración de diferentes obras a partir de un proceso de planificación.
Cuando por alguna razón el recurso es desviado o utilizado en actividades diferentes a lo que demanda los objetivos de la política social o el combate a la pobreza, se está condenando a esta población o a las comunidades a profundizar la brecha que separa a los ciudadanos de ejercer sus derechos sociales y humanos contemplados en la Constitución y de los que no pueden hacerlo.
Prácticamente en el estado de Durango los municipios dependen más del 90% de estos recursos. Y son los únicos con los que cuentan los municipios para el combate al principal problema que enfrentan: la pobreza
Recordemos que el FAISMUN tiene como objetivo el financiamiento de obras acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente la población en pobreza extrema localidades con alto o muy alto grado de rezago social. En este contexto, a través de este fondo se logra que 32 entidades federativas y 2471 municipios administren recursos para este fin.
Si bien la próxima estimación de pobreza por grupos poblacionales a nivel municipal es hasta 2025, debería ser preocupación de la sociedad que, al no recibir un porcentaje de los recursos económicos destinados al tratamiento, los indicadores puedan agravarse. Estos hechos más allá de que deben seguir su curso en las instancias federales donde se da seguimiento a los procesos judiciales y de auditoría, lo deseable sería que municipios, que en esta ocasión no decidieron llevar evaluación de este fondo, definieran realizarlo para 2024 con lo que se podrían detectar algunas situaciones que podrían corregirse.
Un punto importante que trata de visibilizar el Inevap es lo referente a los costos de la corrupción en este 2024, en algo llamado efecto de expulsión, que es cuando un funcionario que comete un acto de corrupción tiene una ganancia personal o de su grupo y el beneficio se concentra en él o en unos cuantos de su grupo. Esto provoca que aumenten los costos para el sector privado, hay debilitamiento al sector empresarial, aumenta el costo para el erario público y como resultado tenemos mala calidad de servicios y obra pública al tener que concluir las obras como en este ejemplo de los diferentes municipios de Durango con el recurso faltante o dejarlas inconclusas, trasladando todo el costo (económico, social, etc.) a la población afectada.
Desde el Inevap seguiremos insistiendo que todos los programas y políticas públicas deben ser evaluados, con el único fin de seguir mejorando la administración pública.
#evaluaresmejorar
F. Antonio Vázquez Sandoval
Consejero del INEVAP Durango
