Sí se usó el Estado contra Xóchitl, pero las acusaciones son serias
Es innegable que se han utilizado mecanismos del Estado para atacar a Xóchitl Gálvez por diferentes flancos, situación parecida a la que vivió el entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, cuando Vicente Fox hizo de todo, incluso un intento de desafuero, para sacarlo de la carrera presidencial.
No obstante, la diferencia entre una situación y otra es que el régimen foxista instrumentó el golpe sin tener elementos legales y, en el caso de la aspirante panista y del Frente Opositor a la presidencia, presuntamente ganó millones a partir de la ventaja que le daban sus cargos públicos de estos años.
Lo de AMLO, ya de salida del sexenio foxista, hace 18 años, fue un “manotazo” desde el poder para desaforarlo y encarcelarlo por expropiar un predio que le serviría al gobierno de CDMX para dar acceso a un hospital, o sea, era una acción social, no un delito, como se le quiso tergiversar.
Y hace días, Vicente Fox lamentó en un tuit “no haber ido hasta sus últimas consecuencias en contra de AMLO”, algo que sonó belicoso, precisamente como las declaraciones que ha hecho el hoy presidente contra grupos o personas y que, claro está, a nadie le gustan porque crispan más un ambiente político de por sí lleno de tensión.
En cuanto a Xóchitl Gálvez, hay factores para asumir que hubo delitos relacionados con abuso de la función pública, como el cohecho y el tráfico de influencias, pues un servidor público en funciones no puede venderle nada o servirle al gobierno a través de sus empresas y tampoco puede beneficiar a sus familiares, hasta el cuarto grado, con servicios al mismo gobierno en el que participa.
De esta manera, independientemente de que se haya utilizado el aparato de estado para obtener esta información -lo cual también falta a la ética- deberá revisarse lo denunciado y, si resulta que Gálvez ha obtenido esos mil 400 millones de pesos en ganancias a través de tal esquema, entonces se configura una responsabilidad legal que obliga a la autoridad a tomar pasos jurídicos.
Claro que, si el presidente decidió implementar este ataque letal contra ella, es porque está decidido a aniquilar sus posibilidades como figura de oposición rumbo a la presidencia de México, sobre todo porque Gálvez ha ido creciendo y apuntalando a los partidos y organizaciones que conforman el bloque opositor.
Esa popularidad exponencial sigue preocupando y ocupando a muchos en el gobierno de AMLO y en MORENA, así que, para contrarrestar el efecto Xóchitl, le encontraron un lado débil. Qué mal ese uso del aparato de Estado para extraer información de donde fuera, pero qué bien que salgan a la luz los actos de corrupción no sólo de una exfuncionaria, sino también de los funcionarios cuestionables del presente y de todos los partidos, empezando por MORENA.
Por lo pronto, se quiera aceptar o no en la oposición, las acusaciones en contra de la panista la tienen contra las cuerdas y sí le provocaron un daño real, al grado que ya cambió su estrategia, otrora de marcar el ritmo de la batalla y ahora de sólo ir reaccionando a los embates conforme surgen.
Lo más intenso del proceso de sucesión, no nada más por el lado de MORENA, está por venir y a esta confrontación AMLO- Xóchitl todavía le faltan episodios, según se ve. La oposición tiene una candidata que puede resultar muy competitiva, pero tendrá que librar una embestida nada menor. Al tiempo.
COLMILLOS Y GARRAS
EL RECINTO FERIAL se mantiene a tope desde el inicio de los festejos, pero también el centro de la ciudad luce pletórico y otros eventos mantienen, al igual, una convocatoria digna de llamar la atención, como los partidos de beisbol, el Parque Guadiana y el Sahuatoba… SIN DUDA, LA población ha crecido en Durango y los públicos se han diversificado en preferencias. Se acabó el tiempo en que la feria acaparaba toda la atención de los duranguenses durante todo el periodo de celebración…Y QUE UN 35,7 por ciento de la población de 18 años o más se siente insegura de vivir en Durango capital; en La Laguna, el porcentaje aumenta a un 43.4 por ciento, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI.
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