Al exgobernador le saldría más caro el abogado que una multa
Nunca antes en la historia de Durango un exgobernador había sido llamado a cuentas por la justicia para aclarar la presunta comisión de delitos relacionados con la libertad de expresión, así que también en esto su gobierno sienta un mal precedente.
Por lo pronto, desde la comodidad de una comparecencia virtual -privilegio al que no cualquier ciudadano accede- el exgobernador José “N” solicitó, y le fue aceptado, diferir la audiencia inicial de formulación de imputaciones por la denuncia que presentó en su contra el periodista Iván Soto Hernández el año pasado. El nuevo encuentro judicial será este 24 de mayo a las 9:30 am.
El cambio de fecha de audiencia no fue más que una táctica dilatoria del exmandatario, quien, al nombrar nueva defensa jurídica, este equipo solicitó conocer la carpeta de investigación del defendido, lo cual le tomará tiempo. Javier Coello Zuarth, hijo del abogado del mismo nombre que defendió al exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, encabeza la defensa legal del inculpado.
Según declaraciones de Soto Hernández y de su abogado, Héctor Pérez Rivera, el centro de sus alegatos será las presuntas amenazas relacionadas al ejercicio de la libertad de expresión a través de una llamada telefónica de parte del exgobernador; el periodista asegura también haber recibido otras dos llamadas intimidatorias, pero no las grabó en tiempo y forma.
En esa llamada, es notoria la insistencia de Aispuro en recalcarle a Iván Soto que lo denunciaría por omisión de cuidados a su propia hija; le cuestiona que la debió proteger e incluso lo reta a grabar la llamada.
No se sabe, por cierto, si fue presentada tal demanda en contra de Soto Hernández, pero lo lógico es que la defensa de José “N” argumente este hecho para evitar que la autoridad judicial encargada del caso acredite un delito relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión.
Entonces, la causa demandante centra su postura en una agresión al periodista por ejercer su derecho a informar y la defensa trataría de hacer ver que la presunta amenaza fue en otro sentido, muy ajeno a las tareas de un profesional del periodismo.
De acuerdo a la explicación del abogado Pérez Rivera, tras la próxima audiencia de imputación, el exmandatario contará con un lapso de entre 72 y 144 horas para contestar la vinculación de proceso por parte de la Fiscalía General de la República, si es que la hay.
En caso de que se vincule al demandado, se abre una etapa de investigación complementaria, que tardaría por lo menos un par de meses; es decir, viene un proceso que podría ser largo, porque la defensa podría echar mano de diversos mecanismos para echar abajo la acusación hacia su defendido por haber realizado esa llamada telefónica.
A continuación vendrá un proceso en el cual los planteamientos de una y otra parte tratarán de convencer a la autoridad judicial de que, por un lado, José “N” es responsable de haber violentado preceptos de la libertad de expresión y, por el otro, de que no es culpable y al final, el juez federal determinará lo que proceda.
Lo que se da por un hecho desde ahora es que el demandado tendrá que desembolsar un monto de mucho mayor cuantía para el Despacho de Abogados Coello, que la sanción económica que le fijarían en caso de encontrarlo culpable. Al tiempo.
COLMILLOS Y GARRAS
CON LA FIGURA de “guardaparques” y con el involucramiento de la sociedad civil, se tratará de evitar que vuelvan a ocurrir actos vandálicos en los parques Guadiana y Sahuatoba, según lo informó el alcalde José Antonio Ochoa. Los conglomerados defensores de los parques y el ambiente podrían colaborar en este esfuerzo por garantizar seguridad en estos espacios y daños al entorno… EN UN DOMICILIO de esta capital fue rescatado un grupo de por lo menos 40 migrantes centroamericanos que previamente habían sido entregados por agentes federales a un grupo criminal que los tenían aislados. Elementos de la Guardia Nacional y personal de la delegación federal de la Fiscalía General de la República implementaron el operativo de rescate de estas 40 víctimas de esos delincuentes, que deben estar operando desde hace tiempo en Durango… TAMBIÉN PARTICIPÓ EN este operativo de rescate una delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El grupo de migrantes partió del estado de Chiapas y, durante la travesía, los 40 migrantes fueron plagiados en un retén por agentes federales y entregados a delincuentes organizados, que los trasladaron a una casa de seguridad en esta capital. Todos están ilesos, por fortuna.
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