¿Cómo esta eso que quieren multar por “injuriar” a las autoridades?
Legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional promovieron en la Cámara de Diputados y sin discusión de por medio, un dictamen que planea aumentar diversas multas en la Ley sobre Delitos de Imprenta, que significa cuadruplicar las sanciones a quien “injurie” al Presidente, lo cual implica un pago de casi 4 mil 150 pesos.
Sin embargo, el propio Andrés Manuel Lopez Obrador, aseguró ayer durante la mañanera que vetará el dictamen, lo cual es previsible, porque sería absurdo que diera el visto bueno a semejante barrera a la libertad de expresión, cuando se ha pronunciado como un defensor de esta a lo largo de su trayectoria. Es el momento de demostrarlo.
Este precepto está contemplado en el artículo 33 sobre ataques al orden o paz pública, que en la actualidad prevé una multa de 100 hasta mil pesos cuando se trate de una ofensa al titular del Poder Ejecutivo, pero con la modificación sugerida por los legisladores morenistas se elevaría hasta 4 mil 149.6 pesos, ya que propone la actualización a un equivalente de cinco a 40 UMAS, cuyo valor presente es de 103.74 pesos.
De la misma manera, se eleva a casi 14 veces la multa en caso de injurias a magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un magistrado de circuito de la Ciudad de México o de los estados, o juez de distrito, así como a un miembro del Poder Legislativo federal o de los estados y a un general o coronel. En el dictamen no se modifican las penas de prisión establecidas actualmente en la Ley sobre Delitos de Imprenta.
En la práctica, la aplicación de todas estas sanciones se habían mantenido en desuso, pero el intento de aumentarlos por parte de los legisladores de MORENA, es nada menos que una intentona por coartar la libertad de expresión del ciudadano, más que proteger la institucionalidad y buen nombre de todas estas autoridades.
Además, el solo hecho de proponer un aumento a las multas por lanzar vituperios al Presidente contradice el precepto transformador de un gobierno que intenta ser diferente a lo que había en México. Castigar a quien lance un insulto a AMLO o a cualquier mandatario en turno implica un retroceso a las garantías individuales, además de que en múltiples ocasiones las autoridades se ganan a pulso el juicio de los gobernados.
Por todo esto, López Obrador hace bien en anunciar el veto a esta iniciativa de los miembros de su partido. Es su deber mantener a salvo el ejercicio de la libre expresión en México, aunque hay quienes insisten en que el mandatario es un “dictador en potencia” y, por tanto, muy gustoso del culto a la personalidad.
Ahora bien, este veto presidencial hacia tan retrógrada iniciativa deberá permear a los estados y municipios, porque la libertad de expresión debe mantenerse incólume en todo el país y ante cualquier autoridad. Si el presidente de la República sabe que está expuesto al juicio de los ciudadanos y lo tendrá que sobrellevar bien, entonces deben seguir su ejemplo gobernadores, alcaldes y servidores públicos de cualquier orden de gobierno, así que los señores legisladores deben enfocarse en crear o modificar leyes que beneficien a las mayorías, no en promover el servilismo y conservadurismo, que a estas alturas se ve francamente ridículo.
COLMILLOS Y GARRAS
OCURRIÓ AYER EL muy lamentable fallecimiento número 36 a consecuencia de la meningitis. Se llamaba Ana Laura y tenía 28 años; fue intervenida en el Hospital San Carlos y permanecía intubada desde noviembre. Familiares denunciaron que también fue paciente del anestesiólogo Omar N. Oficialmente se asegura que siguen siendo 79 los casos registrados de contagios… RECIBIÓ AYER EL Congreso local el Plan Estatal del Gobierno del Estado, el cual, según confirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Alejandro Mojica, contiene las principales demandas ciudadanas de los 39 municipios … DE ACUERDO AL organismo revisor “México Elige”, el alcalde de Durango, José Antonio Ochoa, está ubicado en el top de los 14 mejor posicionados del país, con una aprobación superior al 53 por ciento de entre 101 de las ciudades más grandes del territorio nacional.
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