Este martes 22 de agosto, el Ejecutivo de Japón anunció el vertimiento de las aguas residuales de la central nuclear de Fukushima al océano Pacífico. Lo hará a partir del próximo jueves 24 de agosto. A pesar de contar con el respaldo de la comunidad científica y de la mayoría de los japoneses, el sector pesquero y la comunidad internacional expresan fuertes críticas contra la medida, que inicia el proceso de desmantelamiento de la planta nuclear, por sus posibles efectos adversos en la salud de las personas y en la biodiversidad marina.
Ya es oficial. Si las condiciones meteorológicas son favorables, Japón comenzará a verter las aguas residuales de la central nuclear de Fukushima al océano Pacífico a partir del próximo 24 de agosto. Así lo anunció en las últimas horas el primer ministro de Japón Fumio Kishida tras una reunión con los ministerios involucrados en la gestión del desastre atómico de 2011 en la central nuclear.
Tanto el Gobierno japonés como la empresa propietaria de la planta nuclear, Tokyo Electric Power (TEPCO), han asegurado que la operación es “totalmente segura”.
«Espero que la liberación de agua comience el 24 de agosto, si las condiciones climáticas lo permiten», apuntó Kishida.
La decisión también fue respaldada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) el pasado julio, cuando aseguró que el vertido de aguas al mar tendrá un “impacto radiológico insignificante en las personas y el medio ambiente”.
Un movimiento que forma parte del plan de desmantelamiento de la central nuclear, después del terremoto y posterior tsunami, en 2011, lo cual ocasionó daños irreparables en la planta de Fukushima.
Desde entonces, la central contiene agua contaminada: la que se usó para enfriar los reactores dañados, la que fue contaminada con el combustible fundido derivado que se filtró por el accidente y la que se ha generado a lo largo de su década de inactividad con las filtraciones de lluvia.
Durante estos 12 años, esa agua se ha almacenado en tanques en la central y ha sido sometida a numerosos tratamientos para intentar eliminar su radiactividad al completo. Esta contiene ahora niveles de bajos de tritio, un componente radioactivo, y otros residuos de la misma naturaleza, pero en concentraciones tan bajas que no llegan a ser dañinas, según el marco del OIEA.
Hasta el momento, la opción del almacenamiento ha funcionado, pero los tanques están llegando al límite de su capacidad. Hasta finales de julio había almacenados unos 1,34 millones de toneladas de agua tratada, en torno al 98 % de la capacidad máxima.
Por eso, el Gobierno de Japón ha tenido que barajar otras opciones como verterla al mar. Una opción que ha defendido bajo los estándares científicos y que, según la encuesta realizada por la emisora local ‘FNN’, cuenta con el respaldo del 56 % de los ciudadanos del país.
«El OIEA y muchos otros países han dicho que es seguro, así que yo creo que lo es. Pero los pescadores se enfrentan a tantos problemas que el Gobierno japonés necesita hacer algo para convencerlos», aseguró Hiroko Hashimoto, trabajadora de una ONG, a la agencia Reuters.
No obstante, el 37 % de la población se opone a esta medida, que no es popular en absoluto entre los pescadores japoneses y tampoco entre las naciones vecinas con las que Japón comparte aguas.
Protestas: la respuesta de los japoneses y los países vecinos
A pesar del respaldo científico, el Gobierno de Japón no ha conseguido convencer de la viabilidad de su plan a todo el mundo. El sector pesquero de la nación, en especial los pescadores locales de Fukushima, han rechazado la iniciativa. El motivo: aseguran que supondrá un nuevo golpe para su reputación y la de sus productos, ya dañada tras el desastre nuclear de 2011. Ahora, temen que la nueva medida del Gobierno signifique una caída en sus ventas.
«El único deseo de los pescadores es poder volver a pescar con seguridad como antes del accidente», apuntó la Federación de Pescadores de Japón en un comunicado.
En la misma línea, centenares de personas se congregaron este martes 22 de agosto frente al Parlamento japonés para protestar contra la iniciativa.
«Viola los derechos humanos de las comunidades en Japón y la región del Pacífico y no cumple con el derecho marítimo internacional. Lo que es más importante, ignora las preocupaciones de su pueblo, incluidos los pescadores», apuntó Greenpeace, ONG antinuclear y proambiental presente en la manifestación.
Los países vecinos tampoco han acogido la noticia con los brazos abiertos. En especial, China se ha mostrado muy crítica con la iniciativa japonesa y ha decidido imponer restricciones en la importación de alimentos japoneses –mariscos, sal marina y las algas japonesas—. Hong Kong ha hecho lo mismo.
«Es una medida extremadamente egoísta. China tomará todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente marino, la seguridad alimentaria y la salud pública», apuntó Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.
El Ejecutivo de Corea del Sur, por su parte, mostró una postura más conciliadora. Este martes aseguró “no ver ningún problema con el plan” según las bases científicas, aunque apuntó que tampoco estaba necesariamente de acuerdo ni a favor de este.
Con mayor o menor grado de aceptación, TEPCO y el Gobierno lanzarán 7.800 toneladas a lo largo de 17 días a partir del 24 de agosto. La empresa pretende liberar 31.200 toneladas de agua tratada para finales de marzo de 2024, lo que vaciaría solo 10 tanques en el sitio. Se espera que, en total, este proceso se prolongue durante décadas.
Tras el primer lanzamiento, se harán pruebas del agua del mar y de la vida marina para comprobar posibles impactos. Los resultados de las tomas estarán disponibles en el sitio web del Ministerio de Agricultura y el Ejecutivo japonés ha prometido responder ante cualquier daño ambiental o en la salud de las personas.
Redacción Voz Libre con información de france24.com