Escaló al límite el pleito entre la Suprema Corte y AMLO
El enfrentamiento entre el Poder Judicial de la Federación y el presidente Andrés Manuel López Obrador está llegando a un punto de absoluto desequilibrio, exactamente lo que nunca debe pasar en una democracia, donde es indispensable mantener la independencia de poderes, lo cual, por cierto, muy poco hemos visto en la historia reciente de México.
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, así como de otras autoridades judiciales, a partir de la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia del más alto órgano de justicia en el país, son más que cuestionables y muestran una actitud de oposición por sistema a todo procedimiento judicial iniciado desde el Poder Ejecutivo.
Y no es que la Suprema Corte deba darle la razón al gobierno de la 4T en decisiones que no llevan a ningún lado bueno; al contrario, el Poder Judicial jamás debe estar influenciado ni coaccionado por otros intereses ajenos a los del bien público y la justicia, pero el otro extremo, el del desafío abierto y las resoluciones sin fundamento, tampoco garantiza imparcialidad alguna. Y es lo que se ha visto aquí.
Ciertamente, para cualquier país que aspire a la mínima democracia, la concentración de poderes en uno solo es catastrófico y, en cambio, la deseada autonomía de cada uno de ellos representa el justo equilibrio del ejercicio de un gobierno, algo que nunca ha ocurrido en nuestro país, porque los sucesivos presidentes de extracción priísta tuvieron injerencia en todo, aunque no lo reconozcan.
En cuanto a los panistas, no tuvieron más que soltar un poco de poder durante los sexenios del 2000 al 2012, pero tampoco permitieron la independencia de los Poderes Legislativo y Judicial, como tanto lo exigen en este tiempo.
Ahora bien, si el régimen de AMLO se ostenta como el gobierno que está realizando la gran Cuarta Transformación, no debe extender sus tentáculos de fuerza hacia otros poderes; es decir, no puede tener dominio ni control absoluto sobre el Legislativo o el Judicial. Eso está claro.
Estos dos poderes deben erigirse siempre como el contrapeso ideal en las decisiones de gobierno; sin embargo, lo que hoy observamos entre el Ejecutivo y la Suprema Corte no es una lucha por el respeto a la autonomía entre ambos, sino una confrontación abierta desde sus respectivas competencias, lo cual está afectando a diversos sectores sociales.
Los ciudadanos, por ejemplo, podemos estar de acuerdo o no en la penúltima decisión importante de la Suprema Corte, al invalidar el Plan B de la Reforma Electoral propuesta por AMLO, pero nadie sensato podría asentir en que el Poder Judicial haya puesto en libertad a funcionarios corruptos de altos vuelos y le haya permitido la devolución de millones de pesos a Genaro García Luna y su familia, entre otros muchos fallos cero transparentes de enero a la fecha, cuando llegó la ministra Piña Hernández.
Igualmente, es un agravio a la sociedad esa resolución del juzgado noveno de distrito en materia de amparo, con sede en CDMX, que antier otorgó una suspensión provisional para que la FGJ se abstenga de difundir cualquier tipo de información sobre el exdelegado en la Benito Juárez, Christian von Roehrich.
El exfuncionario está vinculado a proceso, junto con otros involucrados, por la presunta comisión de múltiples delitos de corrupción relacionados con el denominado “Cártel Inmobiliario” y ahora nada se podrá decir o conocerse de su mal proceder, bajo el argumento de “no afectar sus garantías individuales”. Absurdo.
¿Por qué se atrevió el Poder Judicial a evitar que se informe sobre las fechorías de un procesado? O sea, en el afán de proteger las garantías individuales de presuntos delincuentes, se está violentando el derecho de los mexicanos a estar informados e incluso se podría estar coartando la libertad de expresión, sin mencionar que se alienta la impunidad con esta clase de decisiones.
El pleito entre la Corte y AMLO rebasó los límites de conciencia y no ayuda que el presidente haga mofa del premio a la ministra, pero tampoco que ella y sus aliados mantengan una postura de premiar a quienes se la deben al pueblo mexicano. ¿De parte de quién está la Suprema Corte?
COLMILLOS Y GARRAS
EL REGISTRO CIVIL detectó actas de nacimiento falsas en todo el estado, lo cual revela hechos de corrupción que deben ser investigados y castigados. Por lo pronto, ya se dio notificación a la delegación de Relaciones Exteriores, IMSS, SEP, entre otras instancias, porque estos documentos no tienen validez, ya que fueron emitidos en forma ilegal… DE MUY POCO, por no decir de nada, sirve el reconocimiento oficial de que están aumentando las tendencias suicidas entre la población, si desde hace por lo menos 25 años se ha desatendido la salud mental en el estado y hoy estamos enfrentando las consecuencias… CUATRO DE CADA 10 llamadas que se hacen al 911 para reportar emergencias resultan falsas, urge avanzar en responsabilidad para entender y valorar la relevancia de una emergencia real, es decir, razonar entre la importancia de vida o muerte, porque, en la mayoría de los ocasiones, por eso se marca el 911.
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