El gobierno siguió estigmatizando a las personas feministas y defensoras de los derechos humanos que protestaban contra su inacción en materia de violencia de género y, en algunos estados, las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia a mujeres manifestantes.
La cifra de homicidios de periodistas continuaba en niveles máximos, y muchas de las víctimas habían recibido medidas oficiales de protección. Al terminar el año se habían registrado más de 109.000 casos de personas desaparecidas y no localizadas.
La militarización de la seguridad pública aumentó y la legislación consolidó la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública hasta 2028.
La Guardia Nacional utilizó fuerza excesiva en varias de sus operaciones. La falta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información dificultaba a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias el acceso a la verdad, la justicia y la reparación.
Información general
Con frecuencia, las fuerzas militares mexicanas no protegieron el derecho a la vida y la seguridad de todas las personas. Los militares llevaban 16 años participando en las operaciones de seguridad pública y, en ese periodo, los homicidios habían aumentado significativamente en el país.
La Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) figuraban entre las 10 instituciones federales que recibieron el mayor número de denuncias por violaciones de derechos humanos durante el año. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 476 quejas contra la Guardia Nacional y 404 contra la SEDENA en relación con múltiples crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, entre ellos torturas, homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
El Congreso de la Unión aprobó en septiembre la incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA —aunque una jueza federal suspendió esa decisión en octubre— y también la extensión hasta 2028 de un acuerdo que permitía a las fuerzas armadas participar en operaciones de seguridad pública. Estas decisiones fueron promovidas por el gobierno y apoyadas por el Congreso sin la participación de la sociedad civil.1 Las organizaciones de la sociedad civil, las personas activistas de derechos humanos y las familias de las personas desaparecidas salieron a la calle para protestar contra la creciente militarización del país.
En 2022, la Guardia Nacional se hizo cargo de 227 áreas que normalmente eran competencia de organismos civiles, y de las cuales 148 no guardaban relación con la seguridad pública, como la construcción de aeropuertos y autopistas, la gestión de la vacunación contra la COVID-19 y el control migratorio.
En noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que un decreto presidencial de mayo de 2020 que autorizaba la participación permanente de las fuerzas armadas en las operaciones de seguridad pública hasta 2024 era constitucional. Al concluir el año, estaban pendientes ante la Suprema Corte casos similares relacionados con la inconstitucionalidad de la Ley de la Guardia Nacional y la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública.
Informe completo en www.amnesty.org/es/
