Bien por la reingeniería, pero también que se castigue a los culpables.
Para mitigar los efectos de la catastrófica situación económica de las arcas estatales, el gobernador Esteban Villegas Villarreal anunció hace unos días que echará mano de una reingeniería financiera; sin embargo, no explicó a detalle si la llevará a cabo a plenitud, ni tampoco aclaró si no procederá judicialmente contra los supuestos culpables de lo que hoy vivimos en Durango, porque no puede ocurrir lo mismo del sexenio antepasado, ni el inmediato anterior. Las cosas ya deben ser diferentes.
Es muy conveniente impulsar una estrategia de renegociación de la deuda a corto plazo, la cual asciende a unos 12 mil millones de pesos, según lo dio a conocer el propio Villegas Villarreal, también recurrir a nuevos tratos con proyectos de inversión de los dos pasados sexenios, porque debe reconocerse que la enorme deuda pública actual se incubó en Durango durante los últimos 12 años, o sea, no sólo en el gobierno de José Rosas Aispuro.
Pero lo que debe darse a conocer desde ahora es si no pasará nada con los culpables del deterioro económico, porque los duranguenses ya están cansados de que las tropelías solamente se denuncien todos los días en medios de comunicación, se simule que se actúe legalmente ante algunas instancias legales y al final todo queda en la impunidad. El gobernador Villegas Villarreal debe acabar con esta tradición tan mal vista en Durango.
Es más, no tan sólo se debe corregir el aspecto económico y financiero técnicamente, y actuar contra los presuntos responsables de la quiebra, así como recuperar parte de lo que se llevaron, lo cual no implica sólo dinero, sino inmuebles, etcétera.
También sería oportuno, al echar a andar esa reingeniería financiera, que se impulse un programa serio de austeridad, que elimine los gastos onerosos, tales como la compra de vehículos de lujo, nuevo equipamiento en oficinas, que queden fuera de la nómina “los aviadores” y que se ajusten los salarios, principalmente de los altos funcionarios.
Si “el buen juez por su casa empieza”, como dice el refrán, entonces el primero que debe ajustar su sueldo es el propio mandatario estatal, ya que asciende a más de 200 mil pesos mensuales, si se le suman los 90 mil pesos en prestaciones que se le conceden. Supera en más de un 36 por ciento el ingreso de AMLO, por ejemplo.
El apretón de cinturón en el nuevo gobierno del estado es urgente desde ahora, porque ya hay denuncias de que en la subsecretaría de Administración, de la Secretaría de Finanzas, se renovó totalmente la oficina con un muy costoso mobiliario y gastos no esenciales como pedidos de comida en restaurantes de lujo a comidas, todo con cargo al erario, ni modo que de sus propios bolsillos. Tan sólo es una muestra de que a espaldas del gobernador algunos funcionarios comienzan a estropear un proyecto encaminado a restaurar la hacienda estatal y eso no se puede permitir.
La situación tan grave que nos han dado a conocer los distintos funcionarios de la nueva administración estatal requiere un ahorro de recursos serio, porque si en la práctica ocurre lo contrario, entonces en unos años lo estaríamos lamentando como el día de hoy.
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